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El BOE ha publicado la obligatoriedad de que todos los becarios universitarios, independientemente de si cobran o no, deberán cotizar a la Seguridad Social

Los rectores responden diciendo que para los centros puede ser casi imposible asumir económicamente su parte

La disposición afecta a estudiantes de grado, de máster y de Formación Profesional de grado medio o superior que realicen prácticas externas, sean estas remuneradas o no, curriculares o extracurriculares

 

Daniel Sánchez Caballero

Perdido entre un mar de medidas de distinta índole, el Gobierno publicó el pasado 29 de diciembre en el BOE la obligatoriedad de que todos los becarios universitarios, independientemente del tipo de prácticas que estén realizando, sean remuneradas o no, deberán cotizar a la Seguridad Social.Los rectores, que se enteraron de la disposición cuando ya era una realidad y critican por ello al Gobierno (hablan de "aprobación sorpresiva y sin consulta previa"), han puesto el grito en el cielo ante las consecuencias que puede tener. Según ellos: un gasto inasumible para las universidades, una caída en la oferta de prácticas externas a los estudiantes ante el aumento de los costes y una discriminación para ciertos alumnos.

Como contexto, cabe recordar que hace un año, el pasado mes de octubre, la Inspección de Trabajo denunció a la Universidad Autónoma de Madrid por el uso que hacía de sus casi 400 becarios. Decía Trabajo que eran trabajadores y por tanto debían cotizar a la Seguridad Social, algo que no estaba ocurriendo. El asunto está judicializado.

 

Los becarios, a cotizar

La medida del Ministerio de Trabajo aparece como la disposición adicional quinta del Real Decreto ley 28/2018, de 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En ella se establece a lo largo de siete puntos que todos los estudiantes que realicen prácticas formativas deberán ser incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena.

La disposición afecta a estudiantes de grado, de máster y de Formación Profesional de grado medio o superior que realicen prácticas externas, sean estas remuneradas o no, curriculares o extracurriculares, en la administración pública o en empresas colaboradoras. Los becarios quedan excluidos del régimen de protección por desempleo y las cotizaciones las asumirán las empresas destinatarias si la beca no es remunerada y si lo es, quien dictamine la normativa.

Actualmente, las prácticas no remuneradas no requerían la inclusión del becario en el régimen de la Seguridad Social y las remuneradas sí, aunque estaba bonificado al 100% en el caso de las curriculares (obligatorias para obtener el grado), pero no en el de las extracurriculares (voluntarias), que finalmente eran las únicas por las que se cotizaban. Ahora se hará por todas.

 

Los rectores, en contra

Los rectores ven esta propuesta prácticamente inasumible y alertan de las consecuencias que puede tener, en forma de caída de la oferta de prácticas. Los responsables de los campus creen que el Gobierno debería diferenciar entre las prácticas curriculares, obligatorias, y las no curriculares, voluntarias.

"Crue Universidades Españolas advierte de que una aplicación indiscriminada del Real Decreto–ley 28/2018 puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la discriminación en la formación de estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, y una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas de las universidades", explican en un comunicado.

Por todo ello, solicitan al Gobierno una mesa de diálogo para desarrollar la normativa (el RD da tres meses para ello al Ejecutivo) y propone algunas medidas, entre ellas que se discrimine entre tipos de prácticas y que se mantengan las bonificaciones actuales, entre otras.

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La empresa tendrá que subcontratar el servicio, que supone el 80% de los trabajos de desratización 

 

R. S.

La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) se va a encargar, a través de una empresa privada, del control de las plagas en las redes de abastecimiento de la ciudad, lo que supone el 80% del trabajo de desratización, mientras que el Zoosanitario municipal concentrará sus esfuerzos en los colegios, parques y zonas verdes, según ha hecho público el comité de empresa del Ayuntamiento, que considera la decisión como un "fracaso de la gestión municipal".

El presidente del comité, Manuel Loza, relacionó la nueva organización con el "desinterés" y el "abandono político" que se ha producido con el Zoosanitario e instó a que, en cuanto la tasa de reposición lo permita, se cubran todas las vacantes que hay en el servicio, que son 14. En la actualidad, además, no se cubren bajas ni vacaciones de la plantilla.

La decisión se ha tomado sin consultar con los representantes de los trabajadores. "El gobierno local dijo que iba a impulsar el servicio, meter a personal necesario e invertir para lo que necesita Sevilla, pero no se ha cumplido", criticó Loza. Además, advirtió de que Emasesa no cuenta con personal cualificado para estas tareas, por lo que va a subcontratar la ejecución de las mismas. "Es una privatización indirecta", recalcó. Frente a la decisión del Ayuntamiento, Loza puso en valor las propuestas planteadas por los trabajadores para el desarrollo de planes de empleo propios o de productividad, entre otras iniciativas.

Al hilo de esto, señala que el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) eliminó el calendario de tarde y de fin de semana de este servicio para "no pagar los complementos", con lo que los trabajos en esos horarios pasaron a empresas privadas, sin que el nuevo alcalde, Juan Espadas (PSOE), lo haya modificado. "Con ese calendario se daba respuesta a cosas que no se podían hacer por la mañana, como actuaciones en colegios, y se rentabilizaba más el trabajo con los medios que hay". En su opinión, "se ha puesto poco interés y esfuerzo por parte del Ayuntamiento para que los planes de empleo salieran y se ha producido el abandono del Zoosanitario".

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