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La documentación se deberá conservar, durante cuatro años, en cada centro de trabajo y no en las gestorías o sedes centrales de las empresas

 

Raquel Pascual Cortés

El Ministerio de Trabajo publicó la semana pasada en su web una detallada guía destinada a los empresarios para ayudarles a implantarlos sistemas de registro de la jornada diaria de sus empleados, que son obligatorios desde el pasado 12 de mayo.

Pero además de esta guía, la dirección de la Inspección de Trabajo ha elaborado también un Criterio técnico sobre la actuación en materia de registro de jornadapara los propios inspectores -un total de 944 personas con cifras de enero de 2018- y subinspectores, a cuyo borrador ha accedido este periódico, y que aclara algunas de las pautas que seguirán estos funcionarios a la hora de exigir el control horario.

La primera cuestión que precisa la cúpula de la Inspección para sus efectivos en este documento es que tengan claro que "la llevanza del registro de jornada no es una opción para el empresario, sino que se trata de un deber" incluido en la ley.

Dicho esto, los criterios de actuación piden inicialmente a los inspectores y subinspectores que exijan que los registros "se deben ubicar físicamente en el centro de trabajo y no en otros lugares como asesorías u oficinas centrales". Por tanto, no podrán ser las gestorías o empresas auxiliares subcontratadas que realicen la contabilidad o administración de las empresas, las que se encarguen de guardar los registros durante los cuatro años que exige la nueva normativa. La conservación de estos datos tampoco podrá realizarse en la sede central de la compañía, sino en cada centro de trabajo, sucursal u oficina.

Esta ubicación responde, según explica este documento, a la exigencia de que este registro sea "accesible", tal y como ha marcado el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia de 2013 ante una cuestión planteada por los inspectores de Trabajo de Portugal. En dicha resolución la justicia europea argumenta que "la obligación del empleador de permitir la consulta inmediata del registro del tiempo de trabajo podría evitar cualquier posibilidad de alteración de los datos en el intervalo que media entre la visita de la Inspección y el control de esos datos por la autoridad competente".

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Foto: ugt.es

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Por primera vez, admite una patología de riesgo psicosocial

 

UGT Euskadi

A instancia de UGT, el INSS de Bizkaia ha reconocido como accidente de trabajo, por primera vez, la incapacidad temporal por ansiedad de un trabajador, que sufría actitudes discriminatorias en su lugar de trabajo, siendo responsable, por tanto, del abono de la prestación económica la mutua.

El trabajador prestaba sus servicios en un Ayuntamiento vizcaíno, donde sufrió en setiembre de 2018 una crisis de ansiedad en su puesto de trabajo, que fue diagnosticado por la mutua como "contingencia común sin ver origen laboral". No obstante, el médico de Atención Primaria que le dio la baja laboral le remitió al psicólogo, quien diagnosticó el episodio de angustia como ansiedad, declaró que "la patología tiene base laboral motivada por riesgos psicosociales motivadas por conductas discriminatorias".

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Foto: Europa Press

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La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publica su índice de desarrollo, con una evolución positiva pero lenta: un 5,22 respecto al 5,07 de 2017

Las comunidades autónomas sostienen el sistema con una aportación de más del 70%, aunque según la Ley de Dependencia debería ser al 50% con el Estado

Acusan la grave desigualdad territorial. Euskadi destina más del doble de inversión que Murcia. Madrid saca la peor nota, sobre todo por la falta de legislación

 

Belén Remacha

España está en un estado de "estancamiento de los servicios sociales" tras haber subido, en un año, solo 15 décimas en el índice sobre 10 que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales califica cada año desde hace seis. Nuestro país se queda con un aprobado raspado en la materia, un 5,22.

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