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Foto: elplural.com

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Las empresas se han ahorrado durante estos meses miles de euros en agua, energía, gastos de viajes y consumibles como papel higiénico y papel Las empresas se han ahorrado durante estos meses miles de euros en agua, energía, gastos de viajes y consumibles como papel higiénico y papel 

 

Ángel Fernández Millán

El Gobierno de España ha lanzado una consulta pública abierta hasta este lunes, 22 de junio de 2020, en http://www.mitramiss.gob.es/es/participacion/consultas/index.htm y previa a la elaboración de un proyecto de ley que regule el teletrabajo. El propósito gubernamental es evitar que el trabajo por cuenta ajena a distancia suponga una merma de remuneración o de derechos para los trabajadores que se acojan a esta modalidad.

La central sindical UGT ha presentado sus propuestas para que las ventajas y los inconvenientes del teletrabajo se repartan de una manera justa entre la empresa y las personas empleadas. Durante el confinamiento de la pandemia diez millones de trabajadores han hecho posible el teletrabajo y han mantenido la productividad de las administraciones públicas y las empresas privadas gracias al empleo de medios propios: ordenadores y wifi en el hogar.

Para el sindicato ugetista el recurso al teletrabajo impuesto durante el confinamiento ha demostrado que "las empresas, tanto públicas como privadas, no estaban preparadas y que ha sido la propia necesidad y la enorme responsabilidad de las personas trabajadoras las que lo han hecho posible."
Lo que no se ha planteado por ahora es la necesidad de contabilizar los ahorros que para empresas y trabajadores supone el teletrabajo y el impacto que tendrá en la economía por sus efectos colaterales en otros sectores. Las empresas se han ahorrado durante estos meses miles de euros en agua, energía, gastos de viajes y consumibles como papel higiénico y papel.
Trabajadoras y trabajadores se han ahorrado tiempo y dinero en desplazamientos, han mejorado su conciliación familiar en algunos casos y en otros han sacrificado su ecosistema hogareño al compatibilizar teletrabajo, teleenseñanza y estrecheces de espacio.
Si todo proyecto de ley debe ir acompañado de una memoria económica del coste de su aplicación, la futura norma sobre el teletrabajo debería incluir un anexo con las ventajas económicas para empresas y trabajadores, así como el cálculo del CO2 ahorrado al planeta. También y pensando en el futuro el análisis de la reducción de la demanda de metros cuadrados de oficinas y su repercusión en el mercado inmobiliario.

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Foto: Raúl Doblado

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UGT también exige que no vayan al Ayuntamiento por conciliación familiar y reclama al alcalde que exima a los empleados municipales de incorporarse el próximo lunes

 

Alberto García Reyes

Podemos se opone a que los trabajadores municipales vuelvan a sus puestos el próximo lunes. A partir de este día se desactivará el plan municipal de emergencias y quedarán sin vigor todas las resoluciones municipales dictadas para hacer frente a la pandemia. Por lo tanto, el cien por cien de la plantilla municipal se tendrá que reincorporar, pero Adelante Sevilla exige que esta no se cumpla alegando que no se han adoptado «medidas de conciliación para aquellos padres y madres con hijos menores de 14 años a su cargo, pese a que las escuelas y colegios siguen cerrados». La formación podemita no habla de los miles de ciudadanos que se encuentran en esta misma situación y han tenido que volver al trabajo, sólo se refiere a los funcionarios y empleados municipales, a quienes incuso invita, literalmente, a que «soliciten un parte de baja médico» si se consideran vulnerables al Covid-19. Adelante Sevilla no propone ninguna medida alternativa para solucionar la parálisis administrativa que afecta a los sevillanos.

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Foto: EFE

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Función Pública ha llegado a un acuerdo con CSIF, UGT y CIG con las medidas de teletrabajo en la Administración General del Estado en la "nueva normalidad", con un mínimo de un día de trabajo presencial para todos los empleados

 

Laura Olías

Ya hay plan de teletrabajo, o de trabajo no presencial, para los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) durante la llamada nueva normalidad. El Ministerio de Función Pública ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CSIF, UGT y CIG sobre las condiciones laborales de este personal a partir del 22 de junio, tras el fin del estado de alarma. Incluye un mínimo de cuatro días de teletrabajo para "colectivos priorizables", es decir, aquellos considerados "vulnerables" al coronavirus así como los empleados que tengan a su cargo menores de 14 años y a mayores o dependientes afectados por los cierres de servicios residenciales o de día.

El sindicato CCOO no ha suscrito el acuerdo porque considera que supone perpetuar el teletrabajo sin regulación y con "pérdidas salariales", que se derivan de que los empleados usen en muchas ocasiones sus propios medios. "Esto supone, en definitiva, un recorte salarial", ha denunciado José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la AGE, quien ha recordado, además, el riesgo de no poder garantizar "la necesaria seguridad informática".

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