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Función Pública ha llegado a un acuerdo con CSIF, UGT y CIG con las medidas de teletrabajo en la Administración General del Estado en la "nueva normalidad", con un mínimo de un día de trabajo presencial para todos los empleados
Laura Olías
Ya hay plan de teletrabajo, o de trabajo no presencial, para los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) durante la llamada nueva normalidad. El Ministerio de Función Pública ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CSIF, UGT y CIG sobre las condiciones laborales de este personal a partir del 22 de junio, tras el fin del estado de alarma. Incluye un mínimo de cuatro días de teletrabajo para "colectivos priorizables", es decir, aquellos considerados "vulnerables" al coronavirus así como los empleados que tengan a su cargo menores de 14 años y a mayores o dependientes afectados por los cierres de servicios residenciales o de día.
El sindicato CCOO no ha suscrito el acuerdo porque considera que supone perpetuar el teletrabajo sin regulación y con "pérdidas salariales", que se derivan de que los empleados usen en muchas ocasiones sus propios medios. "Esto supone, en definitiva, un recorte salarial", ha denunciado José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la AGE, quien ha recordado, además, el riesgo de no poder garantizar "la necesaria seguridad informática".
Según el acuerdo alcanzado, que no ha cambiado respecto al borrador del que informó esta mañana eldiario.es, el trabajo presencial será el ordinario en la nueva normalidad, por el que los empleados presten sus servicios en los centros de trabajo. Esta modalidad podrá compaginarse con el trabajo no presencial (también llamado teletrabajo), que tendrá carácter voluntario y "podrá ser reversible" por razones de carácter organizativo y de necesidades del servicio, entre otros motivos.
Así será el trabajo no presencial
Las condiciones del teletrabajo distinguen dos supuestos. Como se decía, para los "colectivos priorizables" se regula que "hasta un 20% de la jornada semanal" será presencial. En las jornadas habituales, de cinco días laborables, esto supone que los trabajadores deberán hacer un máximo de un día de trabajo en su centro de trabajo. Tendrán cuatro días de teletrabajo.
Los colectivos "priorizables" son tres: las personas de los grupos "definidos en cada momento por las autoridades sanitarias competentes como grupos vulnerables para la COVID-19", los empleados que tengan a su cargo menores de hasta 14 años y aquellos trabajadores "que tengan a su cargo personas mayores, dependientes o con discapacidad, afectados por el cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día".
El segundo supuesto alcanza al resto del personal, aquellas personas que no estén dentro de los colectivos vulnerables al virus ni tengan menores de 14 años ni mayores o dependientes a cargo. Para estos trabajadores se acuerda que "un mínimo de un 20% de la jornada semanal" será presencial. Es decir, que en una jornada de cinco días a la semana, al menos uno de ellos tiene que ser presencialpresencial.
"Para el conjunto de trabajadores se podrá acordar que tengan que ir más de un día en oficina, lo que se establece es ese mínimo de un día a la semana en el centro de trabajo. En cambio, para los trabajadores priorizables se establece ese día como máximo", explican fuentes sindicales.
Desde UGT destacan como positivo ese día garantizado en los puestos de trabajo para evitar que el personal de los colectivos priorizables se desvincule de sus compañeros y se eviten riesgos psicosociales ligados al aislamiento de las plantillas.
Fuentes sindicales celebran el resultado de la negociación con Función Pública, que indican que ha sido más garantista para el conjunto de los empleados de lo que planteó el Ministerio en un inicio. La Administración General del Estado emplea a más de 231.000 personas, personal de los ministerios y de sus organismos, sin contar al personal de Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Administración de Justicia.
Mismos derechos y deberes
El texto del acuerdo incluye varios supuestos que condicionarán el acceso al teletrabajo según los servicios que presten los trabajadores. Por ejemplo, se establece que la prestación de servicios en modalidad no presencial se habilitará "en aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita y siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios". En la atención al público "se priorizará la atención telefónica y telemática" y para la atención presencial "será precisa la cita previa y se limitará el aforo".
Además, en el caso de que ambos progenitores o responsables de un menor, mayor o dependiente a cargo sean personal de la AGE en activo "no podrán disfrutar de esta medida de forma coincidente".
La Ministra Carolina Darias ha destacado que las condiciones acordadas permitirán garantizar la salud de los empleados públicos, una buena calidad del servicio a la ciudadanía y "seguir avnazando en la conciliación, algo que es fundamental para esta Administración y el Gobierno de España".
El acuerdo también recoge algunas garantías de las personas que trabajen a distancia, como que tendrán "los mismos derechos y deberes" que el resto del personal que preste sus servicios en los centros de trabajo y que no sufrirá ninguna modificación en su salario ni sus opciones de promoción profesional.
También se establece que el teletrabajo "no supondrá menoscabo de la jornada y horario de cada empleado o empleada pública, debiéndose respetar en todo caso el descanso necesario".
En relación a esto, en CCOO critican lo que en su opinión son importantes defectos del acuerdo, como la la falta de regulación del cómputo de jornada. "El teletrabajo no puede suponer la disponibilidad del personal en cualquier horario todos los días de la semana, como viene sucediendo en bastantes organismos", ha criticado José Manuel Vera.
Desde CSIF celebran el acuerdo y esperan que tenga "su continuación en la futura regulación del teletrabajo, que se empezará a negociar en julio con el equipo de la ministra Carolina Darias", así como en los acuerdos sobre trabajo a distancia que se acuerde en otras administraciones públicas.
