Foto: Samuel Sánchez
Báñez señala que la pensión media ha pasado de 591 a 923 euros desde 2002
Carlos. E. Cué
Es un asunto de alto contenido político. Ocho millones de votantes potenciales esperan una decisión del Ejecutivo. Por eso todo lo que tenga que ver con pensiones es tratado por el Gobierno con extrema delicadeza, sobre todo después del coste político que supuso para José Luis Rodríguez Zapatero la congelación de 2011. Sin embargo, poco a poco, el Ejecutivo va preparando el terreno para otra reforma. De hecho, el Ejecutivo tiene una fuerte presión de Bruselas, que insiste en acelerar los planes aprobados en 2011 por el PSOE —con el voto en contra del PP— para ampliar la edad de jubilación a los 67 años paulatinamente hasta 2027. La UE quiere que Mariano Rajoy vaya más rápido. El Gobierno no se decide pero va dando pasitos.
Ayer fue un día clave en esa estrategia de lento goteo. Fátima Báñez, ministra de Empleo, ofreció una cadena de datos con un mensaje de fondo claro: viene otro cambio profundo de las pensiones. La ministra se lanzó en tromba contra las prejubilaciones y dijo que uno de cada dos altas nuevas en el régimen general de jubilación es anticipada. Pero sobre todo señaló que desde 2002 a 2011 la pensión media de retiro ha pasado de 591 euros mensuales a 923, “lo que representa un alza de más del 60%”, señaló en un claro aviso de que el sistema no aguanta.
Báñez anunció que la semana que viene el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, llevará a la reunión del Pacto de Toledo un informe, que estudió ayer el Consejo de Ministros, para desincentivar las jubilaciones anticipadas y buscar fórmulas de “acercar la edad real de jubilación a la edad legal”. Cuando los gobiernos utilizan esta idea, como sucedió antes con el del PSOE, están buscando fórmulas para alargar la edad de jubilación. Báñez explicó que la edad efectiva en España está en 63,3 años —una de las más altas de Europa. aunque este dato no lo ofreció Báñez— y la edad legal es 65 pero desde 2013 empieza a aplicarse paulitanamente la de 67.
El Ejecutivo dice estar muy preocupado por los despidos masivos que se están produciendo incluso en empresas con grandes beneficios, en especial algunas de las más conocidas, de trabajadores mayores de 50 años. Por eso ayer se aprobó el Real Decreto que desarrolla la norma ya incluida en la reforma laboral y que implica que toda empresa de más de 100 trabajadores que despida a personas mayores de 50 años, si ha tenido beneficios en los últimos dos años, tendrá que abonar al Estado el dinero correspondiente al paro de ese trabajador. Bañez insistió en que es una “injusticia” y una gran “pérdida de capital humano y de experiencia” que las empresas estén discriminando a los trabajadores por su edad a la hora de reducir plantilla.
Báñez explicó que las jubilaciones anticipadas cuestan a la Seguridad Social 7.288 millones de euros al año y las parciales 2.690 millones. La ministra planteó que el informe llevará recomendaciones para evitar abusos, como el hecho de que se estén sustituyendo trabajadores cualificados por jóvenes con contratos temporales y precarias.
