Foto: Juan Carlos Romero
Los trabajos comenzarán con dos meses de retraso por los trámites burocráticos y los estudios geológicos
María José García.
La próxima semana las máquinas comenzarán a trabajar ya en la ejecución de las conexiones del embalse de Melonares con el canal de abastecimiento de Sevilla, según ha confirmado a este diario la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Las obras, que estaba previsto que se iniciasen a finales del mes de julio, tal y como anunció el presidente de la CHG, Manuel Romero Ortiz, se han demorado dos meses por los trámites burocráticos y por los estudios geotécnicos que se han desarrollado como paso previo al comienzo de los trabajos.
Las actuaciones comenzarán con la construcción de la chimenea de equilibrio, la obra de mayor envergadura, una infraestructura que se encarga de nivelar la presión del agua cuando se cierran las conducciones. En paralelo se realizará la conexión con la conducción de Emasesa que llega a la estación de bombeo del Viar, y el acondicionamiento del sifón de Siete Arroyos y su almenara correspondiente.
Estos trabajos, presupuestados en 41,55 millones de euros, están financiados por los fondos europeos Feder (80%) y por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (20%). La UTE Sacyr-Prinur-UCE10 se encargará de ejecutar el proyecto.Según detalló Romero en el mes de julio, sólo la modernización del canal de Viar –30 kilómetros de conducciones para el riego– supondrá un desembolso de 25,92 millones de euros. Mientras que la conexión del canal con el sistema de abastecimiento, que supone 14 kilómetros más de conducción, contará con una partida de 25,92 millones de euros.
La duración de los trabajos será de un par de años, tiempo en el que se calcula que el agua de Melonares abastezca a Sevilla y a su área metropolitana. Estos plazos se tienen que cumplir con precisión, puesto que se está muy apurado de tiempo para cumplir con Europa. Si los trabajos sufriesen más retraso, se corre el peligro de tener que devolver las ayudas a la Unión Europea.
Estas obras llevan más de un año paralizadas, debido, según la CHG, a que cuando la Junta asumió las competencias del Guadalquivir no hizo sus deberes y cuando volvieron al Gobierno central se recibió un proyecto que estaba prácticamente sin contratar.
Foto: Cristóbal Manuel
El examen de Oliver Wyman rebaja las cifras planteadas en un principio
El Gobierno confía en que solo requerirá en torno a 40.000 millones del rescate
El Popular necesita 3.223 millones, pero descarta ayudas públicas
Las entidades nacionalizadas acaparan el 86% de las necesidades
Iñigo de Barrón. Madrid
Las autoridades españolas están convencidas de que ésta es la última reestructuración de la banca. Después de cinco decretos para intentar superar el agujero de la burbuja inmobiliaria y tres años y medio de crisis financiera, las necesidades de la banca para superar un hipotético escenario económico catastrofista ascienden a 53.745 millones. Esta cantidad es casi la mitad de los 100.000 millones que estableció Europa como máximo para el rescate de la banca española. Sin embargo, el Gobierno espera que, tras los incrementos de capital por cuenta de las entidades, solo se reclamen a Bruselas unos 40.000 millones.
El examen lo ha realizado una consultora norteamericana para darle mayor credibilidad a la prueba
El examen lo ha realizado la consultora norteamericana Oliver Wyman para darle mayor credibilidad a la prueba. El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, aseguró que los escenarios evaluados han sido "enormemente exigentes" con un supuesto de caída del PIB del 6,5% entre los años 2012 y 2014. "El FMI calcula que puede ser el 2% de descenso", comentó. También se ha establecido una morosidad hipotética del 87% en el negocio promotor, del 27% en empresas y el 15% en hipotecas.
Foto: Fernando Alvarado. EFE
El Ejecutivo reflejará el impacto de las pérdidas por las inyecciones en entidades nacionalizadas
El FROB estima el deterioro en 11.000 millones, un 1% del PIB
Alejandro Bolaños. Madrid
Las ayudas a la banca con problemas nunca cuestan un euro al contribuyente cuando las anuncia el Gobierno de turno. Pero la crisis económica, los balances bancarios inflados por apuestas llenas de riesgo hacen descarrilar las mejores intenciones. En cuestión de meses, emergen nuevos problemas que obligan a aceptar que no se recuperarán miles de millones en mucho tiempo —si es que se recuperan alguna vez—, a la vez que se aprueban más ayudas. Es lo que ocurrió en Irlanda. Es lo que pasa ahora en España: el Gobierno se dispone a asumir como déficit público la pérdida de valor de las inyecciones en entidades nacionalizadas, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) estima en 11.000 millones de euros, una cifra equivalente al 1% del PIB.
En julio, el FROB atribuyó al ejercicio de 2011 el deterioro total de los préstamos y de las participaciones públicas en el capital de BFA-Bankia, Catalunya Banc y NCG Banco. Lo que se había apuntado en los libros del fondo estatal como activos financieros por 11.051 millones pasó a valer cero. Las normas europeas obligan a computar como déficit público esas inversiones cuando el Estado (o en este caso el FROB) considera que pueden no ser recuperables. Y el próximo lunes España debe remitir a Eurostat, la oficina estadística de Bruselas, una revisión de cuál fue el saldo presupuestario de 2011. A última hora de este miércoles, Hacienda aún no había decidido si aprovechará la presentación del proyecto de Presupuestos de 2013 para actualizar ya este jueves esos datos.
“Esas pérdidas, según la normativa europea, tienen impacto en el déficit público”, corroboró un portavoz de Hacienda, “la cuantía y el año en el que se imputan está pendiente de reuniones técnicas y consultas a Eurostat”. Fuentes de la agencia estadística europea confirmaron al mediodía del miércoles que la consulta se había producido, sin más detalles, informa Claudi Pérez.
A finales de marzo, el Gobierno español informó a Bruselas de que el déficit de 2011 había alcanzado los 91.344 millones, lo que equivalía entonces al 8,5% del PIB, muy por encima del 6,3% que el anterior Ejecutivo (PSOE) había comprometido para el año pasado. En mayo, Hacienda elevó el desfase a 95.500 millones, el 8,9% del PIB, al aflorar pagos a proveedores en algunas comunidades autónomas, sobre todo en Madrid y Comunidad Valenciana. Y hace un mes fue el Instituto Nacional de Estadística el que rebajó en algo más de 10.000 millones su estimación del PIB de 2011, lo que elevaría el peso equivalente del déficit público al 9%.
