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E.P
El portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, y los concejales Encarnación Martínez y Juan Carlos Cabrera mantuvieron ayer una reunión con los representantes de los trabajadores de Lipasam, que promueven a partir del 15 de noviembre una convocatoria de huelga indefinida al temer posibles externalizaciones en los servicios de talleres y de limpieza viaria.
Espadas, en un comunicado, mostró al comité de empresa su preocupación por la “falta de diálogo” en que ha caído el Gobierno del PP, cuyo alcalde, Juan Ignacio Zoido, “sigue hablando de ‘paz social’, cerrando los ojos a la realidad de los conflictos laborales que mantiene abiertos con diferentes colectivos municipales”. El comité de empresa y la directiva de Lipasam, de cualquier modo, celebran este miércoles su segundo encuentro tras haber sido formalizada la convocatoria de huelga.
El líder de la oposición ha instado a Zoido a tomar las riendas de la negociación de Lipasam “en primera persona, en vista de la falta de interlocución que el gerente está demostrando en un proceso tan tenso como es el actual”. “El alcalde debe ser consciente del momento en el que se encuentran los trabajadores de la empresa municipal, cuáles son sus reivindicaciones después de los incumplimientos que relatan y lograr alcanzar los acuerdos y encauzar el diálogo para evitar que la huelga convocada sea la única salida que les quede”, concluyó Espadas.
Por su parte, el concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Maximiliano Vílchez, se ha vuelto a reiterar y ha pedido al portavoz del PSOE, Juan Espadas, que “sea responsable” y que apoye al Gobierno en su decisión de “no ceder al chantaje de la huelga política de Lipasam”.
Así, Vílchez ha insistido en que “no se van a externalizar los servicios de talleres y que no se van a realizar despidos” y ha aclarado “que desde el Consistorio no se aceptará ningún chantaje”.
El comité de empresa de Mercasevilla acuerda cuatro días de huelga concretos
La asamblea general de Mercasevilla, acordó ayer promover jornadas de huelga el día 13 de noviembre, el 14 de noviembre como adhesión a la huelga y los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.
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Ignacio Escolar
“No quiero abolir el Gobierno”, decía hace diez años Grover Norquist, uno de los políticos más influyentes en la Administración de George W. Bush. “Me conformo con reducirlo hasta un tamaño que nos permita ahogarlo en la bañera”. Aquel sueño húmedo de los neoliberales se está haciendo realidad. Sarcasmos de la gran depresión: ha sido el flagrante fracaso de sus mitos sobre la desregulación financiera y el Estado sumergible, ese mismo error que nos llevó a la crisis, lo que les ha dado su gran oportunidad.
En Portugal –ese país vecino que nos permite adivinar nuestro futuro cercano–, el Gobierno se ha rendido ya. Ayer su presidente, Pedro Passos Coelho, anunció una “ambiciosa reforma del Estado para hacerlo viable”, después del fracaso de su programa austeridad. Passos Coelho no ha dado detalles concretos de su propuesta, pero podemos temernos lo peor. Donde dice “reformas” lean recortes. Donde dice ambiciosa lean “violenta”. Donde pone “viable” en realidad quieren decir imposible de soportar. Traducido: hablamos de un nuevo presupuesto público jibarizado, de un Gobierno que probablemente se vea obligado a renunciar a parte de sus funciones y servicios porque va a ser simplemente incapaz de garantizar siquiera los mínimos de eso que una vez se llamó Estado del bienestar.
La diferencia entre España y Portugal es sencilla: un año de diferencia. En Portugal preparan el despido de decenas de miles de empleados públicos; en España algunos decretos allanan ese camino. El más preocupante de esta semana: el nuevo reglamento de despidos colectivos de la Administración. Bastará con que los ingresos de un departamento dentro del sector público caigan “un 5%” para que puedan echar a la calle a los trabajadores con los criterios más duros de la reforma laboral: 20 días por año trabajo con un máximo de 12 mensualidades.
El requisito del 5% es puramente ornamental: es el Gobierno el que decide cuántos ingresos tienen cada una de sus ramas al poner la cifra en los Presupuestos. En la práctica, equivale a decir que el Estado tendrá vía libre para despedir de forma procedente a sus trabajadores, amparándose en las rebajas de la reforma laboral. Hablamos de unos 840.000 trabajadores, entre personal laboral y empleados de empresas públicas, a los que desde hoy se podrá ahogar en la bañera con total impunidad.
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Un estudio del colectivo de técnicos de Hacienda estima que si, como las previsiones estiman, el desempleo subiera en 750.000 personas a final de año, la cifra sufrirá hasta los 2.000 millones
Europa Press/ Madrid
El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que el aumento del paro en 504.500 personas hasta el tercer trimestre del año supondrá una pérdida de ingresos de 1.314 millones de euros para las arcas públicas, según los cálculos del impacto del desempleo sobre la recaudación por IRPF.
Las estimaciones de Gestha apuntan a que en caso de que el desempleo subiera en 750.000 personas en 2012, algo que prevén varios organismos e instituciones nacionales e internacionales, la pérdida recaudatoria rozaría los 2.000 millones sólo por IRPF, que es el impuesto que más recursos aporta cada año al conjunto de las administraciones públicas.
Para llegar a la estimación de caída de recaudación tributaria, Gestha ha calculado que el IRPF pierde unos ingresos íntegros medios de 15.161 euros por cada nuevo parado debido a la pérdida de sueldo, que se compensa parcialmente con la prestación por desempleo. Esto supone dejar de recaudar unos 11.371 millones de euros en bases imponibles en el supuesto de que se destruyesen 750.000 puestos de trabajo en este ejercicio.
Los técnicos de Hacienda consideran esta estimación es "muy prudente", ya que para su elaboración se ha partido de la media de las retribuciones de los trabajadores, por lo que si realmente se despidieran a los empleados más veteranos y de mayor salario, la caída de ingresos para el Estado sería superior. Además, el cálculo tampoco recoge la pérdida recaudatoria de los desempleados que agotan su prestación a lo largo de 2012.
