Opinión

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Cuando las diferencias sociales se disparan, la política y la actitud ante la crisis se degradan

Santos Juliá

Hace ahora seis años, en 2006, los veinticinco gestores de fondos de cobertura (hedge funds) mejor pagados de Estados Unidos se embolsaron un total de 14.000 millones de dólares, tres veces la suma de los sueldos de los 80.000 maestros de escuela de la ciudad de Nueva York (Paul Krugman, ¡Acabad ya con esta crisis!, página 84). Llevamos digeridas tantas cifras aberrantes sobre los baños de oro en que han alegremente chapoteado los causantes de esta crisis, antes, durante y después de haberla desencadenado, que nada sorprende ya si no se repite una y otra vez: 25 tipos, 25, ganaron en un año, administrando fondos de cobertura, tres veces más —tres veces más— que 80.000 maestros, 80.000, de Nueva York.
 
Que un individuo que maneja fondos de inversión pueda rapiñar en un año una cantidad de dinero tres veces superior a lo que ingresan por su trabajo más de 3.200 profesores de primaria es un hecho que, aparte de sus devastadores efectos económicos, tiene una dimensión política y moral que Krugman define como parálisis de la capacidad de responder con eficacia a la crisis que inevitablemente habrá de desencadenar este aumento inaudito de la desigualdad. Es evidente que sociedades en las que los derechos sociales cumplen su función redistributiva de la renta, y reductora por tanto de los niveles de desigualdad, responden con mayor eficacia a las coyunturas de crisis porque aseguran un mínimo de cohesión y solidaridad social. Cuando la desigualdad se dispara, el clima político y las actitudes morales ante las crisis se degradan en la forma de un sálvese quien pueda que, entre nosotros, ha llevado a responsables de cajas de ahorros a embolsarse decenas de millones de euros mientras sus entidades se declaraban en bancarrota.
 
La profunda crisis económica que afecta a los medios de comunicación escritos —y de la que este diario no se libra— posiblemente se afrontaría con otra actitud, y con mayor eficacia, si el reciente incremento de la desigualdad se redujera a unos niveles que permitieran la reconstrucción moral de una comunidad capaz de hacer frente a la depresión causada y extendida por esa misma desigualdad. No se trata de buenas intenciones ni de consideraciones moralizantes, sino de afrontar una situación de crisis sin sembrar de cadáveres el camino, por la sencilla razón de que esa siembra solo podrá conducir a la destrucción de una empresa común con la que todos sus miembros se sientan comprometidos. Claro está que para eso es obligado acabar con la enorme desigualdad de las retribuciones, porque de otra forma las políticas que nos han llevado al abismo funcionarán muy bien, como escribe Krugman, para unas pocas personas situadas en lo más alto, pero, habría que añadir, condenarán a la desesperación a todos los demás.
 
Todavía quedamos por aquí algunos testigos de aquella España siniestra y miserable que arrastró durante décadas brutales desigualdades sociales, exorbitantes privilegios al lado de inmensas barriadas de chabolas. El camino que hemos recorrido desde entonces en la reducción absoluta y relativa de los niveles de desigualdad se está revirtiendo bajo nuestras impotentes miradas: ganancias millonarias con más del 21% de la población malviviendo por debajo del nivel de pobreza, más de cinco millones de parados, y con decenas de miles de despedidos de los empleos, a los que han dedicado lo mejor de sus vidas, sin más compensación que 20 días de salario por 12 meses de trabajo y un horizonte cerrado: tales son algunas dimensiones del desastre.
 
Cuando, a raíz de la caída del muro de Berlín y del inmediato hundimiento del comunismo, se puso otra vez de moda repetir que la división izquierda derecha había terminado, Norberto Bobbio publicó un opúsculo en el que indagaba sobre las razones y los significados de esa secular distinción política. Allí escribía que el criterio más frecuente para distinguir la izquierda de la derecha era el de “la diferente actitud que asumen los hombres que viven en sociedad frente al ideal de la igualdad”. Favorecer las políticas que tienden a convertir en más iguales a los desiguales, como la defensa de los derechos sociales —derecho a la educación, al trabajo, a la salud—, era la expresión práctica de esa actitud que la socialdemocracia convirtió en política de Estado. A ella ha debido nuestra sociedad lo mejor de los últimos 35 años. Es lástima que a quienes vimos nacer y robustecerse esa política no nos quede más futuro que contemplar su ruina.

Noticia

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Los recortes en investigación están destruyendo un tejido que costará décadas recuperar · Las universidades sevillanas y el CSIC dan la voz de alarma

Luis Sánchez-Moliní

"La situación es dramática. Con los recortes se está destruyendo el tejido investigador español generado con muchos esfuerzos en los últimos 30 años. De seguir así tardaremos décadas en recuperarnos". El que habla es Manuel García León, vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla y experto en física nuclear, pero se puede decir sin ningún temor a equivocarse que resume a la perfección lo que opina la práctica totalidad la comunidad científica española y europea.
 Como ejemplo más claro de la preocupación que existe en el colectivo, esta pasada semana un grupo de 42 premios Nobel y galardonados con la medalla Fields (considerada el Nobel de Matemáticas), la flor y la nata de la investigación en el Viejo Continente, firmaron una carta en la que instan a las autoridades comunitarias a evitar un recorte en el presupuesto de I+D en el próximo marco financiero de 2014-2020.
 La situación en Europa es preocupante, pero la de Andalucía y Sevilla es "tremenda", como la define el coordinador de la delegación andaluza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Miguel Ferrer. Los datos confirman que no estamos ante una visión pesimista del problema sino, simplemente, ante una mirada realista desde que hace tres años tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de la nación empezaron a reducir las partidas económicas dedicadas al I+D. De los famosos eslóganes de los políticos de la necesidad de cambiar el modelo económico para superar el estallido de la burbuja inmobiliaria y fomentar la sociedad del conocimiento, se ha pasado, sin solución de continuidad, a la tijera pura y dura.
 Por ejemplo, uno de los problemas que apunta el vicerrector de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide, Bruno Martínez Haya, es que las administraciones no están renovando la ayuda a la investigación de grupos de trabajo ya consolidados. Así, si los proyectos trianuales de I+D de la UPO aprobados dentro del Plan Nacional (Gobierno central) en 2011 fueron 24 y captaron un total de 2,3 millones, en 2012 sólo han sido 16 y la dotación económica bajó a los 0,8 millones, un descenso del 65%.
 La Junta tampoco sale muy bien parada. A la espera de que resuelva por fin los Proyectos de Excelencia que va a sufragar este año hay que acudir a la comparativa entre 2010, en el que la UPO consiguió 10 proyectos cuatrianuales aprobados y 1,3 millones de euros captados, y 2011, con sólo 6 proyectos y 0,7 millones logrados, es decir: una bajada del 46,15%. La conclusión es fácil: ha bajado de una manera muy clara tanto los proyectos concedidos como la financiación lograda.
 Esta bajada extraña más si se tiene en cuenta que la Pablo de Olavide es, por segundo año consecutivo, la segunda universidad pública de España en la clasificación global de productividad en investigación publicada en la revista Psicothema y realizada por un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, que dirige Gualberto Buela-Casal.
 Las cosas no andan mejor en la Universidad de Sevilla. Según Manuel García León los fondos destinados por el Estado a la investigación que se desarrolla en esta institución han bajado en los últimos tiempos un 30%. El caso de la Junta es peor, ya que "no sólo ha reducido sus aportaciones también un 30%, sino que además no paga lo comprometido". En total, la Administración andaluza le debe a la Hispalense la friolera de 22 millones en ayudas a la investigación.